Pueden contratar con el Estado las empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas que no estén en causal de inhabilidad y estén a paz y salvo en los aportes a la seguridad social de sus trabajadores.
En la mayoría de los casos también deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP), que se tramita ante la cámara de comercio, aunque la contratación de mínima cuantía no lo requiere. Además, deben acreditar experiencia en su actividad, con certificados de sus clientes, y la capacidad financiera que cada entidad fija en cada convocatoria.
Las entidades publican sus convocatorias en el SECOP, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, y en otros portales. Cada día hábil se publican más de 400 procesos, que suman unos $100.000 millones. Para participar, hay que identificar las convocatorias, preparar la oferta con todos los documentos solicitados y presentarla antes del cierre. Entre las ofertas presentadas, se selecciona la más favorable para la entidad, que cumpla con todos los requisitos.
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Ser legalmente capaz significa, para una persona, ser mayor de edad. Para una empresa, que su objeto social incluya lo que va a vender y que su representante legal pueda firmar el contrato. Si los estatutos le ponen un tope de valor, necesita la autorización que ellos señalen (Código Civil, art. 1502; Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.5.3).
La empresa, además, debe durar por lo menos el plazo del contrato y un año más (Ley 80 de 1993, art. 6).
Dos o más empresas también pueden presentarse juntas, en consorcio o unión temporal.
Una inhabilidad es una prohibición legal de contratar con el Estado, aunque la empresa cumpla todo lo demás. Entre ellas están haber dado lugar a la caducidad de un contrato estatal, negarse sin justa causa a firmar un contrato adjudicado, tener una condena con interdicción de derechos y funciones públicas o una sanción de destitución, y ser servidor público (Ley 80 de 1993, art. 8). Varias de ellas duran cinco años.
Conviene revisarlas antes de ofertar, tanto de la empresa como de sus socios y representantes legales, junto con los antecedentes de la Procuraduría, la Contraloría y la Policía.
El RUP es el registro de la cámara de comercio donde consta la experiencia y la capacidad jurídica, financiera y de organización de quien quiere contratar con el Estado. La cámara verifica los documentos, y su certificado es plena prueba de lo que allí conste. Por eso la entidad no puede solicitar otra vez esos documentos (Ley 1150 de 2007, art. 6).
No se requiere, entre otros casos, en la contratación directa, en los contratos de mínima cuantía y en los de prestación de servicios de salud.
Son requisitos habilitantes, es decir, condiciones para participar. Se cumplen o no se cumplen y, por regla general, no dan puntos (Ley 1150 de 2007, art. 5, num. 1). Cada entidad fija los mínimos en el pliego de condiciones, según la naturaleza y el valor del contrato.
La experiencia son los contratos que la empresa ya ejecutó, con su actividad y su valor en salarios mínimos. La capacidad financiera se mide con la liquidez (activo corriente sobre pasivo corriente), el endeudamiento (pasivo total sobre activo total) y la cobertura de intereses (utilidad operacional sobre gastos de intereses). La organizacional, con la rentabilidad del patrimonio y la del activo (Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.5.3).
Para firmar, renovar o liquidar un contrato estatal hay que estar al día en salud, riesgos laborales y pensiones y, cuando corresponda, en las cajas de compensación familiar, el ICBF y el SENA (Ley 789 de 2002, art. 50). La persona natural también debe cotizar, aunque sea como independiente.
Las entidades publican sus procesos en SECOP o en su portal. En el pliego de condiciones, cada entidad fija los requisitos, los criterios de puntaje y el cronograma. La oferta se presenta con los documentos que allí se solicitan y antes de la fecha de cierre.
Las entidades estatales publican en el SECOP los documentos de sus procesos de contratación (Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.7.1). Para participar, la empresa escoge un proceso cuyo objeto corresponda a su actividad, revisa el pliego de condiciones y verifica si cumple los requisitos habilitantes que la entidad fijó en él: capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y capacidad de organización, que no otorgan puntaje (Ley 1150 de 2007, art. 5, num. 1). Mientras el pliego está en proyecto, cualquier interesado puede formular observaciones (Ley 1150 de 2007, art. 8). Si cumple, presenta la oferta dentro del plazo del cronograma, con los documentos y formatos que la entidad exige.
Tener capacidad legal para contratar; las personas jurídicas, además, deben tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año más (Ley 80 de 1993, art. 6). No estar incurso en inhabilidades ni incompatibilidades (Ley 80 de 1993, art. 8). Estar inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP), salvo las excepciones de la ley (Ley 1150 de 2007, art. 6). Y cumplir los requisitos habilitantes del pliego, que la entidad debe fijar de manera adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato (Ley 1150 de 2007, art. 5, num. 1).
Sí. Sin RUP, la ley permite presentarse a procesos de mínima cuantía y de contratación directa, entre otros (Ley 1150 de 2007, art. 6), y a los de régimen especial y de organismos internacionales cuyas reglas no lo exigen. El informe indica en qué procesos puede presentarse hoy y qué se requiere para los demás.
En algunos procesos, sí. En la mínima cuantía, la entidad indica en la invitación la experiencia mínima «si se exige esta última» (Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.2.1.5.2, num. 1), y no se exige el RUP (Ley 1150 de 2007, art. 6). Una persona jurídica con menos de tres años de constituida puede acreditar en el RUP la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes (Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.5.2). También puede presentarse en consorcio o unión temporal (Ley 80 de 1993, art. 6) con empresas que tengan la experiencia; cómo se suma la experiencia de los integrantes lo fija cada entidad en el pliego. El diagnóstico indica en cuántas convocatorias de su sector acreditaría la experiencia exigida.
Sí. La ley permite contratar a las personas legalmente capaces, naturales o jurídicas (Ley 80 de 1993, art. 6). Las personas naturales que aspiran a contratar con entidades estatales también se inscriben en el RUP (Ley 1150 de 2007, art. 6), con los bienes, obras y servicios que ofrecerán, los certificados de su experiencia, la información contable si están obligadas a llevar contabilidad y el certificado de tamaño empresarial (Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.5.2, num. 1). El registro no se exige en los casos que la ley exceptúa, como la contratación directa y la mínima cuantía. El diagnóstico aplica a ambas.
El informe se genera con lo que la empresa aporte. Los criterios de puntaje se califican con lo que usted conteste, y el informe indica los documentos que se requieren para acreditarlos en una oferta.
Sí. Durante los treinta días de acceso, los certificados que obtiene la plataforma quedan en el expediente de la empresa.
No. Es una guía para tomar decisiones. Cada entidad fija los requisitos de participación en el pliego de condiciones de cada proceso.
En el Capítulo VIII de los Términos y Condiciones.
Con el plan esencial, la plataforma analiza la viabilidad de cada proceso y prepara los documentos de la oferta. Si lo contrata dentro de los siete días siguientes a la compra del diagnóstico, el valor del diagnóstico se descuenta del primer pago.
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