Publicaciones · 6 de octubre de 2026

Requisitos habilitantes: límites a la discrecionalidad de la entidad estatal

Requisitos habilitantes: límites a la discrecionalidad de la entidad estatal
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Límites a la discrecionalidad de la entidad estatal en la determinación de los requisitos habilitantes en sus procesos de contratacion.

Cuando una entidad estatal estructura un proceso de contratación, debe definir los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, de experiencia, de capacidad financiera, organizacional y en los casos en los que aplique, de capacidad residual que los proponentes han de acreditar para participar. Esta facultad, aunque reconocida en cabeza de la entidad, no es absoluta ni discrecional en el sentido de poder fijarse sin sustento técnico. La discrecionalidad administrativa, en materia de contratación estatal, está acotada por el deber de planeación y por el deber de selección objetiva, consagrado en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 20071, que impone a los servidores públicos a cargo de la gestión contractual, la carga de elaborar los estudios previos a partir de un análisis preciso y diligente del sector económico relacionado con el objeto a contratar.

El propio artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 es claro en definir el marco de la selección objetiva, al señalar que “es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”, y precisa, en su numeral 1, que “la exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor”.

Este deber de planeación tiene además sustento autónomo en el artículo 25 de la Ley 80 de 19932, que ordena analizar la conveniencia del objeto a contratar con antelación a la apertura del proceso, y en el artículo 26 ibídem, que hace responsables a los servidores públicos y a la entidad cuando los pliegos se elaboren de forma incompleta, ambigua o confusa, o cuando se omitan los estudios y evaluaciones necesarios antes de la apertura del proceso de selección.

Este análisis de sector no es un mero trámite formal que se agota con la elaboración de un documento. Su finalidad es garantizar que los requisitos habilitantes que finalmente se incorporen en el pliego de condiciones sean adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato y a su valor. A este respecto, el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 20153 desarrolla precisamente este deber de análisis al momento de determinar los requisitos habilitantes, reforzando la idea de que la fijación de estos no puede obedecer a criterios discrecionales desprovistos de respaldo técnico, so pena de convertirse en barrera.

En efecto, dicha norma dispone que “la Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial” y agrega que “la Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.” Este mandato se complementa con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del mismo decreto, que exige a la entidad, durante la etapa de planeación, analizar el sector relativo al objeto del proceso desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo, dejando constancia de ello en los documentos del proceso, así como con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 ibídem, que incorpora ese análisis como parte obligatoria de los estudios y documentos previos que soportan el pliego de condiciones. Sobre la pertinencia técnica de estos indicadores, la doctrina especializada ha advertido que el uso de indicadores financieros en los procesos de licitación debe responder a criterios de pertinencia frente al objeto contractual, pues el propósito de la licitación es garantizar la participación plural de interesados y la competencia entre licitantes, de modo que un indicador mal calibrado puede desnaturalizar esa finalidad (Rojas López et al., 2021)4.

Los problemas más frecuentes en cuanto a este tópico se presentan, generalmente, cuando el análisis de sector es insuficiente, incompleto o simplemente inexistente, y aun así la entidad fija indicadores financieros, organizacionales o de experiencia que, en la práctica, reducen de manera significativa el número de posibles oferentes. La Sección Tercera del Consejo de Estado, al estudiar la legalidad de los requisitos exigidos en un pliego de condiciones, ha reiterado que el acto que define tales exigencias está sujeto sustantivamente al marco normativo de la contratación estatal y que el pliego de condiciones es “la ley del proceso de selección” que “materializa los criterios que informan el deber de selección objetiva” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2025-12-09, radicado 13001-23-33-000-2018-00818-025), de manera que un requisito habilitante que carezca de ese respaldo técnico compromete la validez misma del acto que lo contiene.

Situaciones como la exigencia de un indicador de endeudamiento particularmente restrictivo, o de una experiencia específica que solo unos pocos actores del mercado pueden acreditar, suelen carecer de sustento cuando el estudio previo no explica con claridad cuál fue la muestra de proponentes analizada, cómo se obtuvo esa información y si se siguió el procedimiento técnico correspondiente. El principio de proporcionalidad, en su construcción jurisprudencial y doctrinaria, opera precisamente como el límite que impide que la relativa discrecionalidad conferida a la entidad para fijar estos requisitos derive en exigencias que, por su rigor o especificidad, excedan lo necesario para garantizar la idoneidad del contratista (Solís Enríquez, 2015)6.

Cuando esto ocurre, el requisito habilitante deja de cumplir su función de filtro razonable de idoneidad y se convierte en una barrera de acceso al mercado, o lo que es peor, en un mecanismo para favorecer a determinado o determinados actores; situaciones que comprometen directamente los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2 de la Constitución Política7, los principios de la función administrativa del artículo 209 Superior, y derechos como la igualdad, consagrada en el artículo 13 constitucional, y la libre competencia económica, prevista en el artículo 333 ibídem. La Corte Constitucional, al estudiar la igualdad de oportunidades en la licitación pública, ha explicado que la participación de oferentes en condiciones que frustren la igualdad de oportunidades y la obtención de las mejores condiciones para el Estado compromete los dos objetivos básicos de la licitación (Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 19948); y, en sede de tutela, precisó que la regulación del procedimiento de selección debe garantizar la libertad e igualdad de concurrencia de los interesados, lo que exige la formulación objetiva, clara y técnica de los pliegos de condiciones (Corte Constitucional, Sentencia T-154 de 19989).

Estos derechos se traducen, en el ámbito contractual, en el principio de libre concurrencia, entendido como la posibilidad de que cualquier persona con capacidad real de ser adjudicatario pueda participar en el proceso de selección sin que se le impongan limitaciones irracionales o injustificadas. Sobre este punto, (Rodriguez Tamayo, 2020)10, citando la Jurisprudencia del Consejo de Estado, recalcó que el principio de libre concurrencia se traduce en “la posibilidad de que cualquier persona que cuente con la capacidad real de ser, eventualmente, adjudicatario de un contrato estatal, pueda asistir al proceso de formación del mismo, sin que se le impongan limitaciones irracionales e injustificadas a su participación”.

En esta misma línea, conviene recordar que la doctrina de (Alexy, 2002)11 ha señalado que “tanto las reglas como los principios son normas porque dicen lo que debe ser, y pueden ser formulados con ayuda de las expresiones deónticas básicas del mandato, la permisión y la prohibición”, tesis que ha sido acogida por la Corte Constitucional en Sentencia T-406 de 199212, citada por (Rodriguez Tamayo, 2020), y que resulta útil para comprender que los principios de proporcionalidad y libre concurrencia no son meras aspiraciones programáticas, sino, en palabras del mismo doctrinante, “mandatos de optimización”.

Mecanismos de objeción frente a requisitos desproporcionados

Frente a un requisito habilitante que se considera excesivo o carente de sustento, el momento procesal oportuno para actuar es la etapa de observaciones al proyecto de pliego de condiciones o a más tardar, en la de observaciones al pliego definitivo; en todo caso, antes del cierre del proceso. En esta etapa, el interesado puede presentar observaciones fundamentadas que evidencien la falta de análisis de sector, la ausencia de justificación técnica del indicador exigido, o la desproporción entre el requisito y la naturaleza y cuantía del contrato.

Esta oportunidad de controversia tiene respaldo directo en el numeral 2 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que garantiza a los interesados la posibilidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones de la entidad mediante etapas que permitan expresar observaciones, y en el literal a) del numeral 5 del mismo artículo, que exige indicar en el pliego los requisitos objetivos necesarios para participar.

Es en este momento cuando la entidad tiene la oportunidad de revisar y, si corresponde, ajustar el requisito antes de que el proceso avance. Vale la pena recordar, en todo caso, que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterada en sostener que los pliegos de condiciones —y sus adendas— constituyen la ley del proceso de selección, y son de obligatoria observancia para todos los intervinientes, incluyendo a la Entidad estatal, de manera que la oportunidad de la observación resulta determinante, pues una vez en firme el pliego, al momento de evaluar las ofertas, no pueden tenerse en consideración aspectos o requisitos inexistentes o eliminados.

Si la entidad no acoge las observaciones y mantiene el requisito cuestionado, pueden explorarse otras vías. Teniendo en cuenta el carácter de acto administrativo general que reviste el pliego de condiciones, las acción judicial contencioso administrativa con pretensión de nulidad simple podría resultar eficaz, incluso, con la solicitud de una medida cautelar de suspensión para evitar que el proceso de contratación avance con las exigencias desproporcionadas que se plantean. Esta pretensión de nulidad encuentra su fundamento en el artículo 137 de la Ley 1437 de 201113, que habilita a cualquier persona para solicitar la nulidad de actos administrativos de carácter general expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, y la medida cautelar de suspensión provisional procede, conforme al artículo 231 ibídem, cuando la violación de las disposiciones invocadas surja del análisis del acto demandado frente a las normas superiores, pudiendo incluso solicitarse como medida de urgencia sin notificación previa a la entidad cuando la premura del proceso de contratación así lo exija, según el artículo 234 de la misma ley.

En igual sentido, en la medida en que la Superintendencia de Industria y Comercio es una autoridad administrativa con poderes para investigar y sancionar practicas restrictivas de la libre competencia económica, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2153 de 199214, esta autoridad también tiene, por definición, la facultad de decretar la práctica de medidas cautelares de suspensión en los procesos de contratación estatal en los que encuentre que se está incurriendo en prácticas restrictivas de la libre competencia. En cualquier caso, la oportunidad procesal y la carga de sustentación técnica de la observación son determinantes para el éxito de la actuación.

La importancia de documentar la inconformidad desde el inicio

Para quien participa como proponente, resulta relevante identificar desde la publicación del proyecto de pliego si los requisitos habilitantes cuentan con un respaldo claro en el estudio previo y en el análisis de sector correspondiente. La falta de claridad sobre la muestra utilizada, el método de obtención de la información o la ausencia de referencia a la metodología de Colombia Compra Eficiente para la construcción de indicadores son señales que ameritan una observación oportuna y suficientemente sustentada.

Para las entidades estructuradoras, por su parte, la lección es la contraria; en tanto que, un análisis de sector robusto, documentado y trazable no solo previene observaciones y acciones que busquen anular los actos, sino que mantiene indemne a la Entidad y al proceso frente a eventuales cuestionamientos sobre la legalidad de los actos, y constituye la mejor garantía de que el proceso de selección cumplirá su finalidad de obtener la oferta más favorable dentro de un universo plural de proponentes.

Finalmente, valga decir que la valoración de si un requisito habilitante cuenta con sustento técnico suficiente, o si por el contrario constituye una barrera desproporcionada de acceso, exige el análisis conjunto del estudio previo, el análisis de sector y el contexto específico del mercado relevante. Resulta pertinente acudir a asesoría especializada cuando se requiere evaluar la viabilidad de una observación a un pliego de condiciones, estructurar la argumentación técnica y jurídica de un recurso, o acompañar a una entidad en la construcción de un análisis de sector que resista el escrutinio de los principios de selección objetiva, igualdad y libre concurrencia.

Notas

  1. Ley 1150 de 2007, artículo 5. Texto oficial: Secretaría General del Senado. www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html ↩
  2. Ley 80 de 1993, artículos 24, 25 y 26. Texto oficial: Secretaría General del Senado. www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html ↩
  3. Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2 y 2.2.1.1.2.1.1. Texto oficial: Ministerio de Justicia (Lexis). lexis.minjusticia.gov.co/minjusticia/viewDocument/30019920 ↩
  4. Rojas Lopez, M. D., Valencia, S. M. y Jiménez Gómez, L. M. (2021). Análisis de indicadores financieros en los procesos de licitación en Colombia. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 20(39), 213-229. doi.org/10.22395/rium.v20n39a12 ↩
  5. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 2025, radicado 13001-23-33-000-2018-00818-02. Relatoría de la Rama Judicial. jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&ext=doc&file=2392205 ↩
  6. Solís Enríquez, F. J. (2015). El principio de proporcionalidad y los requisitos habilitantes en la contratación estatal. Diálogos de saberes, (43), 22-43. doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.43.160 ↩
  7. Constitución Política de 1991, artículos 2, 13, 209 y 333. Texto oficial: Secretaría General del Senado. www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html ↩
  8. Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 1994. Relatoría de la Corte Constitucional. www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-415-94.htm ↩
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-154 de 1998. Relatoría de la Corte Constitucional. www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-154-98.htm ↩
  10. Rodriguez Tamayo, M. (2020). Derecho Disciplinario de la Contratación Estatal. Bogotá D.C., Colombia: Legis. ↩
  11. Alexy, R. (2002). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, España. ↩
  12. Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992, citada por Rodriguez Tamayo (2020). Relatoría de la Corte Constitucional. www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-406-92.htm ↩
  13. Ley 1437 de 2011, artículos 137, 231 y 234. Texto oficial: Secretaría General del Senado. www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html ↩
  14. Decreto 2153 de 1992. Texto oficial: Ministerio de Justicia (Lexis). lexis.minjusticia.gov.co/minjusticia/viewDocument/30030407 ↩

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Este artículo describe una situación general y no constituye asesoría sobre un caso concreto.